Audiovisual brasileño exige que plataformas estadounidenses paguen por su negocio en el país
- por © Redacción-PRODUCCIONLATINA.com
Mientras el presidente Trump ha dictaminado imponer aranceles del 50% a Brasil por motivos políticos (su solidaridad con el expresidente golpista Bolsonaro), más de 750 señalados profesionales del audiovisual brasileño han pedido a los poderes políticos del país que impongan una regulación a las plataformas de internet, en su mayoría estadounidenses.
Dirigida al presidente Lula, a la ministra de Relaciones Institucionales Gleisi Hoffmann, al presidente de la Cámara Hugo Motta, a la ministra de Cultura Margareth Menezes y a la secretaria nacional del Audiovisual Joelma Gonzaga, la carta abierta lleva una exigencia común: la regulación urgente de las plataformas de streaming.
"El audiovisual de un país registra la identidad en movimiento de su cultura. Cuenta quiénes somos, de dónde venimos, y nos ayuda a pensar hacia dónde queremos ir", señala el documento con tono de advertencia. La frase no es retórica: desde directores consagrados como Walter Salles ("Central do Brasil") y Fernando Meirelles ("Ciudad de Dios") hasta cineastas indígenas como Mozarniel Iramari Yanomami; desde estrellas como Wagner Moura ("Tropa de élite") hasta realizadores de periferia como Lincoln Pérciles del Capão Redondo. Todos comparten el temor de que Brasil se convierta en "solo un mercado consumidor" sin industria propia.
El núcleo del reclamo gira en torno al proyecto de ley PL 2331/22. Los firmantes piden que se exija a plataformas como Netflix y Amazon una contribución mínima del 6% de sus ingresos locales para financiar producciones brasileñas, un porcentaje que ya está "muy por debajo del 12% establecido por el Consejo Superior del Cine". Subrayan que esta propuesta se alinea con modelos vigentes en Francia, Italia y Corea del Sur.
La batalla política tiene un nombre propio: Jandira Feghali. Los cineastas exigen que la diputada mantenga la relatoría del proyecto. "Jandira es pieza clave para garantizar la coherencia legislativa", argumentan, destacando su trabajo previo en negociaciones sectoriales. El temor es palpable: "No podemos aceptar que nuestro mercado audiovisual sea usado como moneda de cambio, como en momentos anteriores de nuestra historia".
La lista de firmantes revela fisuras superadas: junto a pesos pesados como Fabiano Gullane (productor de "Carandirú") y Petra Costa (directora de "El dilema de Brasil"), aparecen nombres del cine experimental como Julio Bressane y jóvenes realizadores como Grace Passô. Documentalistas como Eryk Rocha comparten espacio con animadores; guionistas con montadores; actrices como Fernanda Torres con escritores como Paulo Lins. Un mosaico geográfico que abarca desde São Paulo hasta Acre, pasando por Pernambuco y Santa Catarina.
El reloj corre para la industria. Con tres películas brasileñas compitiendo en Cannes este año, el sector alerta sobre la paradoja: reconocimiento internacional con financiación doméstica frágil. "Sin regulación, Brasil corre el riesgo de ser apenas un mercado consumidor", insiste el documento.
La carta cierra con un argumento que trasciende lo económico: "Se trata de garantizar que la voz de Brasil siga siendo contada por brasileños". Mientras el texto circula en los despachos de Planalto, los firmantes aguardan. No piden subsidios, sino reglas claras para que las historias del sertão, las favelas y la selva no queden ahogadas por algoritmos.
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Dirigida al presidente Lula, a la ministra de Relaciones Institucionales Gleisi Hoffmann, al presidente de la Cámara Hugo Motta, a la ministra de Cultura Margareth Menezes y a la secretaria nacional del Audiovisual Joelma Gonzaga, la carta abierta lleva una exigencia común: la regulación urgente de las plataformas de streaming.
"El audiovisual de un país registra la identidad en movimiento de su cultura. Cuenta quiénes somos, de dónde venimos, y nos ayuda a pensar hacia dónde queremos ir", señala el documento con tono de advertencia. La frase no es retórica: desde directores consagrados como Walter Salles ("Central do Brasil") y Fernando Meirelles ("Ciudad de Dios") hasta cineastas indígenas como Mozarniel Iramari Yanomami; desde estrellas como Wagner Moura ("Tropa de élite") hasta realizadores de periferia como Lincoln Pérciles del Capão Redondo. Todos comparten el temor de que Brasil se convierta en "solo un mercado consumidor" sin industria propia.
El núcleo del reclamo gira en torno al proyecto de ley PL 2331/22. Los firmantes piden que se exija a plataformas como Netflix y Amazon una contribución mínima del 6% de sus ingresos locales para financiar producciones brasileñas, un porcentaje que ya está "muy por debajo del 12% establecido por el Consejo Superior del Cine". Subrayan que esta propuesta se alinea con modelos vigentes en Francia, Italia y Corea del Sur.
La batalla política tiene un nombre propio: Jandira Feghali. Los cineastas exigen que la diputada mantenga la relatoría del proyecto. "Jandira es pieza clave para garantizar la coherencia legislativa", argumentan, destacando su trabajo previo en negociaciones sectoriales. El temor es palpable: "No podemos aceptar que nuestro mercado audiovisual sea usado como moneda de cambio, como en momentos anteriores de nuestra historia".
La lista de firmantes revela fisuras superadas: junto a pesos pesados como Fabiano Gullane (productor de "Carandirú") y Petra Costa (directora de "El dilema de Brasil"), aparecen nombres del cine experimental como Julio Bressane y jóvenes realizadores como Grace Passô. Documentalistas como Eryk Rocha comparten espacio con animadores; guionistas con montadores; actrices como Fernanda Torres con escritores como Paulo Lins. Un mosaico geográfico que abarca desde São Paulo hasta Acre, pasando por Pernambuco y Santa Catarina.
El reloj corre para la industria. Con tres películas brasileñas compitiendo en Cannes este año, el sector alerta sobre la paradoja: reconocimiento internacional con financiación doméstica frágil. "Sin regulación, Brasil corre el riesgo de ser apenas un mercado consumidor", insiste el documento.
La carta cierra con un argumento que trasciende lo económico: "Se trata de garantizar que la voz de Brasil siga siendo contada por brasileños". Mientras el texto circula en los despachos de Planalto, los firmantes aguardan. No piden subsidios, sino reglas claras para que las historias del sertão, las favelas y la selva no queden ahogadas por algoritmos.
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