Clúster Audiovisual de Canarias defiende legalidad de las Agrupaciones de Interés Económico audiovisuales

por © Redacción-PRODUCCIONLATINA.com
Después de meses de informaciones sobre inspecciones del Ministerio de Hacienda español en relación con las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), unas figuras legales que se han convertido en el motor financiero de numerosos proyectos cinematográficos nacionales e internacionales en el país, y otras más recientes sobre primeras sanciones a grandes empresas que han usado el sistema, de parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Clúster Audiovisual de Canarias alzaba el miércoles la voz para defender la legalidad de estas agrupaciones.

En un comunicado, el organismo expresó su "absoluta tranquilidad en relación a la inversión en nuestro sector". La postura del Clúster se apoya en una sentencia clave de la Audiencia Nacional de enero de 2025, que reconoció que las AIEs pueden tener la condición de (co)productoras cinematográficas "a todos los efectos" y, por tanto, acceder a los incentivos fiscales. Ese fallo, que además obligó a la devolución de más de 100 millones de euros a inversores, es presentado como un muro de contención frente a la actuación de Hacienda. "La AN subraya que la Agencia Tributaria no puede contradecir los actos y certificaciones del ICAA", subraya el comunicado.

El mecanismo de las AIE, legalmente amparado desde 2004, fue concebido para impulsar la inversión en sectores estratégicos. En la práctica, ha permitido que grandes producciones internacionales como ‘Juego de Tronos’ o ‘Star Wars’ se rueden en España, aprovechando deducciones que pueden alcanzar el 30% sobre el primer millón invertido. Canarias, en particular, se ha erigido como un polo de atracción gracias a su régimen económico y fiscal propio, generando un negocio directo de más de 218 millones de euros solo en 2024 y la creación de unos 14.000 empleos locales. El Clúster fue contundente al respecto: "Canarias no recibe un trato de favor respecto a los territorios peninsulares en materia de incentivos", sino que dispone de un estatus "expresamente reconocido en la Constitución".

Sin embargo, la Agencia Tributaria observa con recelo la proliferación de estas agrupaciones. Su tesis es que algunas grandes fortunas y firmas de inversión, como Arcano Corporate, BNP Paribas, o empresarios como Ricardo Leal (Christian Lay) y Othman Ktiri (OK Mobility), habrían utilizado este vehículo no solo para apoyar proyectos culturales, sino "fundamentalmente para maximizar su ahorro fiscal". La AEAT ha revisado deducciones practicadas en el Impuesto de Sociedades entre 2018 y 2021, reclamando la devolución de importantes sumas y exigiendo avales millonarios en algunos casos.

El Clúster Audiovisual de Canarias matiza esta perspectiva. Aclara que "las inspecciones son un mecanismo habitual de seguimiento y control de la Administración, no exclusivo del sector audiovisual". Además, señala que "la gran mayoría de inspecciones realizadas en los últimos años han concluido de forma positiva para las empresas, sin desembocar en sanciones definitivas". Acusa a los medios de basar sus artículos en "rumores o supuestos no confirmados judicialmente", lo que, a su juicio, "puede distorsionar la percepción del sector y generar una sensación de inseguridad innecesaria".

Como alternativa o complemento a las AIE, el comunicado del Clúster menciona otro modelo: el contrato de financiación, regulado en el artículo 39.7 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Explican que en 2023 presentaron una consulta vinculante que aclaró que este contrato permite a un inversor aplicar directamente la deducción "sin necesidad de estructurar la producción a través de una Agrupación de Interés Económico". "Esta práctica es cada vez más común", apuntan.

El debate de fondo trasciende lo meramente fiscal y se instala en la utilidad misma de los incentivos. Por un lado, el sector audiovisual, declarado estratégico por el Parlamento de Canarias en 2009, exige marcos estables y claros para competir con otras potencias europeas y mantener el ritmo de rodajes e inversiones. Por otro, los responsables de la política fiscal demandan mayor control y transparencia, temiendo que el objetivo primordial sea la elusión fiscal y no el apoyo genuino a la cultura.

A través de su presidente, Rubén Zarauza, el Clúster Audiovisual lanza un mensaje de certidumbre: "Los inversores deben estar tranquilos y seguir mirando al sector audiovisual como una oportunidad única". Confía en que el equilibrio entre la necesaria supervisión y la seguridad jurídica que reclama la industria se encontrará en la letra de la ley y en las sentencias que, como la de la Audiencia Nacional, ya han empezado a sentar jurisprudencia.

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