El canal público Cine.Ar y su plataforma de streaming Cine.Ar Play dejarán de ser estatales, se anunció días atrás. El Gobierno del utraliberal Javier Milei confirmó su privatización, en línea con su política de reducción del sector público y ajuste fiscal. La medida, anunciada a través de un escueto comunicado del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), argumenta un ahorro anual de 330.000 dólares —175.000 en salarios y 155.000 en gastos operativos—, aunque no detalla qué ocurrirá con el archivo audiovisual, el catálogo en línea o los trabajadores del canal.

El traspaso no fue una sorpresa. Desde hacía semanas, el Ejecutivo había trasladado la gestión de Cine.Ar, Cine.Ar Play y Cine.Ar Estrenos del INCAA a la Secretaría de Comunicación y Medios, liderada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Este movimiento anticipaba lo que finalmente se concretó: la salida del Estado de un espacio clave para la difusión del cine argentino.

Cine.Ar se había convertido en una ventana fundamental para el cine nacional, con estrenos, ciclos temáticos y programación dedicada a directores argentinos. Por su parte, Cine.Ar Play alojaba miles de películas, series y cortometrajes en acceso libre, tanto dentro como fuera del país, facilitando la circulación de producciones que, de otro modo, tendrían dificultades para llegar al público.

La privatización genera incertidumbre sobre el destino de este acervo cultural. No está claro si el nuevo operador mantendrá la gratuidad de la plataforma, garantizará la preservación del material o continuará con la misma línea de programación. Tampoco se ha informado sobre el futuro laboral de los empleados del canal.

Productores, directores y trabajadores del cine ven con preocupación la medida. Para muchos, la desaparición del control estatal sobre estos espacios podría reducir las oportunidades de exhibición para películas independientes y afectar la visibilidad del cine argentino en un mercado dominado por plataformas internacionales.

La medida se enmarca en una serie de recortes y privatizaciones impulsadas por el Gobierno, que ya ha afectado a otras áreas culturales y científicas. Para el oficialismo, se trata de un paso hacia la "eficiencia" y la "libertad económica". Para sus críticos, en cambio, es un retroceso en el apoyo estatal a la cultura, que deja en manos privadas un patrimonio que hasta ahora era accesible para todo el público.

Mientras el INCAA asegura que el proceso buscará "garantizar la continuidad del servicio", las dudas persisten. ¿Qué pasará con las películas que hoy solo pueden verse en Cine.Ar Play? ¿Qué criterio regirá la programación bajo gestión privada? Por ahora, no hay respuestas. Solo el anuncio de un cambio que, para bien o para mal, modificará el modo en que los argentinos acceden a su cine.

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